Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas implicadas en fraudes a la Seguridad Social que superan el millón de euros. En la operación han sido arrestados administradores y gestores de empresas ficticias, entidades físicas o jurídicas, que sin ejercer una actividad laboral real, simulaban contrataciones de trabajadores a cambio de una cantidad de dinero. Tramitaban altas al objeto de que los supuestos empleados acumularan los periodos mínimos de carencia para acceder a diferentes prestaciones públicas y regularizar a extranjeros.
Las investigaciones se iniciaron tras recibir varias informaciones del Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sobre la existencia de varias empresas del sector de la construcción y de otros servicios que, sin contar con una actividad real y efectiva, daban de alta en la Seguridad Social a trabajadores. Después de realizar varias pesquisas, los agentes averiguaron que los responsables de las mercantiles contrataban, a cambio de dinero, a personas interesadas en obtener prestaciones por desempleo, por incapacidad temporal o maternidad, entre otras.
Hasta el momento han sido detenidas un total de 34 personas. Entre los arrestados figuran administradores del conjunto de empresas investigadas. La cantidad defraudada a la Seguridad Social asciende a 1.283.022 euros -817.875 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y 465.146 euros al Servicio Público de Empleo Estatal-.
Regularizaciones de extranjeros
Durante la investigación los policías pudieron comprobar que los responsables de las mercantiles investigadas, además de crear empresas ficticias con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, utilizaban empresas ajenas con actividad real, para dar de alta a ciudadanos extranjeros sin el conocimiento de los verdaderos responsables. De esta forma inmigrantes irregulares podían acceder, mediante contratos falsos, a permisos de residencia y de trabajo, previo pago de una determinada cantidad de dinero.
La operación ha sido desarrollada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central, Brigada de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.