Agentes de la Policía Nacional han detenido a treinta y nueve personas en Barcelona, Girona y San Feliu de Guíxols, como presuntas autoras de estafas al Servicio Público de Empleo Estatal. A los arrestados se les imputan también los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documentos. Con esta operación se ha desarticulado una red integrada por ciudadanos extranjeros, de distintas nacionalidades, dedicada a la obtención fraudulenta de subsidios por desempleo.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de varias actuaciones llevadas a cabo por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Girona. Detectaron la existencia de una serie de empresas en las que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real. Además, constataron que estas mercantiles no habían abonado los seguros sociales de los trabajadores.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Girona comunicó estos hechos a las unidades de la Policía Nacional especializadas en la materia, que iniciaron una investigación. Tras las oportunas acciones inspectoras, los agentes pudieron comprobar que tres mercantiles habían dado de alta en la Seguridad Social un gran número de trabajadores extranjeros, y que acumulaban deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por no haber ingresado las cantidades correspondientes de la cuota patronal y de la cuota obrera, a la que estaban obligadas.
Las empresas elaboraban documentaciones falsificadas para dar de alta a los trabajadores y para que estos pudieran, una vez causaban baja en la mercantil, solicitar prestaciones por desempleo. Finalmente, fruto de las pesquisas desarrolladas han sido detenidas 39 personas de distintas nacionalidades (33 marroquíes, 2 hindúes, 1 argelino, 1 chino, 1 argentino y 1 brasileño). La deuda acumulada por las empresas con la Tesorería General de la Seguridad Social unido a las prestaciones y subsidios por desempleo obtenidos fraudulentamente por los detenidos, han producido un perjuicio a la administración de 275.475,08€.
La operación ha sido desarrollada conjuntamente por funcionarios pertenecientes al Grupo 3 de la Sección de Investigación de la Seguridad Social perteneciente a la Brigada de Delincuencia Económica de UDEF central (Comisaría General de Policía Judicial), el Grupo VII de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Girona